Propone diputada modificar el tipo penal de feminicidio
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Tlaxcala, Tlax.
05/Nov/2019

ESTADO
 
Redacción / Zona Crítica

Esta mañana el Pleno del Congreso dio entrada a una iniciativa para reformar los artículos 229 y 229 BIS, y derogar el 229 TER del Código Penal del Estado de Tlaxcala, para modificar el tipo penal de feminicidio de acuerdo al contexto local en el que se ejerce la violencia de género, y ampliar las circunstancias que acrediten el delito, así como establecer el tope de años de cárcel de acuerdo a las circunstancias a 40 y 60 años de presión. 

La diputada Michelle Brito Vázquez (PT) presentó la iniciativa que busca ajustar el tipo penal de feminicidio debido a que su clasificación actual en algunos códigos locales, como el de Taxcala, hacen que las autoridades califiquen los asesinatos de mujeres como homicidio por no cumplir con los elementos del tipo penal o ser mal clasificado por una deficiente investigación pericial, por la ausencia u omisión en los protocolos especializados en materia de feminicidios.

La propuesta busca reformar diversos artículos del Código Penal “con la finalidad de adecuarlo al contexto social imperante en nuestra entidad, sobre todo por el gran número de mujeres que han aparecido asesinadas violentamente en los últimos años y principalmente en el año que transcurre”, mencionó este martes la diputada Michelle Brito durante la exposición de motivos. 

De ese modo, la reforma al artículo 229 busca ampliar de cinco a nueve las circunstancias para acreditar razones de genero: 

I.- Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión hacia las mujeres;

II.- Que haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, de parentesco, afectiva, de confianza o de subordinación;

III.- Que el sujeto activo lo cometa por celos excesivos respecto de la víctima;

IV.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

V.- Cuando existan datos que establezcan que la víctima sufrió lesiones, mutilaciones infamantes, tormentos, tratos crueles e inhumanos previa o posterior a su muerte.

VI.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

VII.- Existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los electrónicos que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima.

VIII.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

IX.- El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un lugar público.

Respecto a la pena por prisión se propone establecerlas en 40 y 60 años y multa de dos mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, además de que el victimario perderá todos los derechos (patrimoniales o civiles) que existieran con la víctima; el actual Código Penal establece penas de 30 a 70 años de prisión. 

Las penas incrementarán una tercera parte en caso de que la víctima sea menor de edad, se encontrare embarazada, sea persona discapacitada o de la tercera edad, así como en los casos en que el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. 
 
En caso de que un servidor público entorpezca el proceso penal, recibirá prisión de 3 a 8 años; y por tentativa de feminicidio la pena será de una tercera parte.
 
La reforma al artículo 229 BIS refiere que es obligatorio que los órganos investigadores realicen las pesquisas con base en una perspectiva de género. 

La propuesta fue turnada a su expediente parlamentario para su análisis y dictamen, a fin de ser subida al Pleno en días posteriores. 
 
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