En octubre vence plazo para cumplir observaciones de alerta de género
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Iván Muñoz Pérez
Tlaxcala, Tlax.
12/Sep/2018

ESTADO
 
En octubre vence el plazo para que el gobierno de Tlaxcala presente el segundo informe de cumplimiento de las cinco observaciones que se hicieron tras la petición de alerta de violencia de género, que inició trámite el año pasado y que en agosto de 2017 la Segob la declaró improcedente.

Aunque las autoridades federales refieren que "hay avances en la mayoría de los puntos señalados", hay otros en los que se reconoce que no se ha avanzado, como es el caso de la aprobación de la “Propuesta del Programa Estatal contra la Trata de Personas 2018-2021” y la generación de informes sobre los avances respecto a los diagnósticos de trata que sirvan de base para generar políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar el delito. 

En aquella ocasión el veredicto de las autoridades federales, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), fue que el estado emprendió "acciones relevantes" para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo en el Primer Informe, del que se derivaron nueve recomendaciones y más de 32 metas y objetivos. 

La resolución del 4 de agosto de 2017 de la SEGOB refiere que "no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tlaxcala".

Sin embargo, en abril de 2018 la Conavim entregó el Primer Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe de la no declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres del estado de Tlaxcala del que se desprenden cinco nuevas observaciones y se da un plazo de seis meses para que el gobierno presente los informes de cumplimiento. 

En ese sentido, se prevé que se dé una respuesta entre la última semana de septiembre y los primeros días de octubre, cuando se defina si en ese periodo se avanzó o no en subsanar las observaciones pendientes de las primeras nueve recomendaciones y el cumplimiento de las otras cinco.
 
Según el reporte de abril de 2018, el gobierno del estado debe: diseñar una política transversal de prevención, erradicación y sanción de la trata de personas, que contemple medidas diferenciadoras, en atención a las razones que favorecen y perpetúan la comisión de este ilícito desde la captación hasta la explotación. 

Del mismo modo, debe asegurar que dicha política considere las posibles rutas de movilidad que van de Tlaxcala a Puebla y de Tlaxcala a la Ciudad de México, o cualquier entidad federativa, estableciendo para ello, una acción coordinada entre dichas entidades federativas y diseñar e implementar un protocolo de identificación de víctimas de trata de personas,  acompañado de un programa de capacitación integral y multidisciplinario, enfocado en el funcionariado público encargado de la política interior del estado.

Asimismo, deberá emitir un Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en la materia, diseñado con base en los principios internacionales en la materia y tomando como referencia las mejores prácticas; que se prevean medidas preventivas y punitivas para combatir la trata de personas, que contenga lineamientos para la protección y asistencia a las víctimas de la trata, como son la prestación de servicios de rehabilitación y reinserción social. 

Por otro lado, el gobierno estatal debe crear una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y dotarla de ministerios públicos y policías ministeriales especializados suficientes, así como los recursos humanos y materiales necesarios.

Por último, se recomienda que incluya a especialistas en el tema como investigadores o como grupo de asesores e instrumente y fortalezca los refugios.
 
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