José Antonio Aquiahuatl, los retos
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09/Ago/2018

EDITORIAL
 

La llegada de José Antonio Aquiahuatl Sánchez refresca un poco a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sobre todo porque el experto en el Sistema Penal Acusatorio tiene una larga trayectoria como capacitador, conoce la teoría y los procesos, la tendencia hacia los derechos humanos de la procuración de la justicia, y la relación del derecho mexicano con los preceptos del derecho internacional que busca garantizar el acceso a la justicia y erradicar las violaciones a las garantías, así como eliminar los vicios procesales arraigados durante las guerras sucias en todos los países del siglo pasado, durante la instalación del actual modelo político y económico.

El actual titular de la PGJE tiene una formación académica y práctica más que política, aspecto que lo podría salvar de la figura fría del procurador apegado hasta el último rincón de la interpretación rigurosa de la ley, en la permisibilidad de viejas prácticas de tortura, de filtración o extravío de expedientes o dolosos errores durante las investigaciones que impiden que mujeres y hombres accedan a la justicia.    

Ayer, durante su primera declaración mostró una postura rígida como es el derecho en el caso de los feminicidios: “el tipo penal del feminicidio existe, para investigarlo deben primero cumplirse con las características que se indican”.

Lo anterior nos regresa a la mentalidad cotidiana en México cuando se habla del feminicidio: primero apegado a la ley y a la demostración del tipo penal, y no a la sentencia de la SCJN sobre el caso Mariana Lima, que derivó en la orden dirigida a las procuradurías de investigar todos los homicidios dolosos contra mujeres primero como feminicidio, a fin de que, durante el transcurso de la investigación, se determine si se acredita o no el tipo penal, y no al revés como suelen defender los procuradores.

La sentencia se basa simplemente en el contexto de violencia e impunidad en torno a las mujeres.

Este y otros retos, como los procesos de investigación sobre los delitos de trata de personas y desaparición de mujeres y niñas; la designación de los titulares de tres fiscalías especializadas, así como la coordinación con las autoridades de vigilancia para detener y procesar grupos dedicados a la extracción ilegal de combustible, robos, homicidios y narcomenudeo, deberá ser la prioridad de esta nueva procuraduría, necesaria dentro de un contexto social y político que empieza a cambiar. 

 
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