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Pidió PAN que IET atraiga cómputo del distrito XIII y reinicie conteo del municipio de Apizaco por irregularidades
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12/Jul/2013
Iván Muñoz Pérez



 



En la reanudación de la sesión
permanente del Consejo General (CG) del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), la tarde del jueves el
representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Domingo
Calzada, manifestó que hay indicios para suponer que el CG procede fuera de la
legalidad toda vez que no entabló comunicación con los representantes del PRD
sobre la instalación de la mesa de cómputo de los comicios del municipio de Huamantla,
así como la sustitución de los consejeros municipales principales en
Calpulalpan, el Carmen Tequexquitla y Huamantla.



Por su parte,
José Félix Solís, representante del PAN ante el IET manifestó que “el consejo
del distrito XIII con cabecera en Calpulalpan actúa con las reglas de sus
propios presidentes de las mesas directivas dictan… y los consejos distritales
actúan al margen de lo que establece el código comicial pero, además, al margen
de lo que establecen los lineamientos para los cómputos y concretamente a lo
relativo a la validación de los votos.” Por eso y ante irregularidades
manifiestas en el recuento de los votos del distrito XIII en el Instituto
Electoral, Félix Solís solicitó el reinicio el cómputo.   



A su vez, la
Presidenta Consejera y el Consejero Electoral Mario Cervantes Hernández convocaron
el artículo 175, fracción 32 y 52 del Código de Instituciones y Procedimientos
electorales para el Estado de Tlaxcala que dice: “El Consejo General tendrá las
atribuciones siguientes: Asumir en casos necesarios o de urgente resolución,
las atribuciones y funciones de los consejos distritales y municipales, para
dar el debido cumplimiento de las etapas del proceso electoral. Tratándose de
elecciones extraordinarias, podrá omitir la integración de los consejos que
considere pertinentes; (e) Investigar por los medios a su alcance, hechos que
afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso
electoral en el Estado.”



En ese sentido, Mario
Cervantes manifestó que antes de tomar la decisión de atraer el cómputo del distrito
XIII del municipio de Calpulalpan debe investigarse si los consejeros
municipales violaron el código del proceso electoral.



El representante
del PRI ante el CG pidió no solo la investigación sobre la actuación de las
autoridades electorales en los procesos de escrutinio y cómputo de ese
municipio, sino “extenderla a todos los distritos y municipios que hayan
incumplido con las normas electorales.”



Por último, el
representante del Partido Acción Nacional (PAN), José Félix Solís Morales,
solicitó que el CG remita las actas del SARJE al consejo municipal de
Calpulalpan para dar inicio al cómputo de los comicios ya que en el municipio
“no existe paquetería correspondiente” pero que el cómputo puede realizarse con
las actas que cada representante de partido tiene, así como del Consejo General
y los Consejos municipales.



Del mismo modo,
Domingo Calzada pidió al Consejo la programación del lugar y hora de la
instalación de las mesas de cómputo de San José Teacalco y Tepetitla, y la
emisión de los oficios que acreditan a los nuevos representantes del Consejo
Municipal que llevarán a cabo los trabajos de cómputo de la paquetería electoral
“porque todo parece que este consejo no quiere que los representantes del
partido participen en los procesos de cómputo.”



 



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EDITORIAL

De lo que no se habló en el VI Informe de Gobierno


Al menos dos medios de comunicación impresos editorializaron el sexto informe de gobierno de Mariano González Zarur como la animosidad de un sexenio que mejoró la vida pública en la entidad. 

Sin embargo olvidaron mencionar que no se habló de uno de los temas cruciales que definen la firmeza de las democracias y los gobiernos modernos: los derechos humanos. 

Aunque fue breve y preciso -con la comparación de los sexenios anteriores siempre eficiente para el resalte de lo medianamente nuevo-, el discurso olvidó hablar de las reformas al Código Penal para tipificar claramente el feminicidio en la entidad, la debilidad institucional de la procuración de justicia que sigue manteniendo en actas circunstanciadas los casos de desaparición de menores, la trata de personas y la opacidad de las políticas y recursos destinados a la atención a migrantes. 

No se pueden negar los avances en infraestructura local o la estabilidad de una economía que no se ha desbaratado como en otros estados. 

A pesar de la “animosidad” del VI Informe de Gobierno, el mandatario estatal queda a deber en temas que repercuten de manera directa a los de abajo. 

Si bien se habla de inversión extranjera, turismo, alianzas con sectores sindicales de alto calado, la avidez político-electoral para mantener al PRI en el poder cuatro años más o la eficacia para la deuda cero (que no se justifica pues los empréstitos son un mecanismo del que los gobiernos debieran echar mano como palanca de desarrollo, no con destino via prestanombres a paraísos fiscales), el Informe omitió evaluar el crecimiento de la informalidad, la calidad educativa, el rezago en justicia para las mujeres, los casos de feminicidios no documentados por la PGJE debido a la falta de legislación y el combate eficiente a la trata de personas. 

El informe es una larga lista de números, inversión, metros cuadrados de cemento, millones de pesos y cantidades de beneficiarios; la animosidad más confortable radicaría no en ver al hijo convertido en diputado local o a la hija en pretendida madurez política, sino en saber que las madres encontraron a sus hijas, en que los hijos volverán a la escuela, el padre al trabajo, la mujer a la vida segura y el migrante a la caminata nocturna sin luces enceguecedoras en los ojos.



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