Una de las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió respecto a las omisiones de la PGJE para investigar y encontrar a Karla Romero Tezmol, menor desaparecida el 13 de enero de 2016 en el municipio de San Pablo del Monte, se centra en la necesidad de elevar a averiguación previa los casos de mujeres y niñas desaparecidas que fueron radicados como actas circunstanciadas o de hechos en los últimos años. 

La recomendación 83/2018 refiere que de 2014 a la fecha solo existen más de 20 averiguaciones previas por la desaparición de niñas, niños y adolescentes. 

 

Lo anterior retumba por su gravedad en los oídos de la conciencia social por el contexto de Tlaxcala estrechamente ligado a la trata de personas y al crecimiento de las expresiones de la violencia machista que colocan a la entidad, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros lugares por el delito de trata.

 

La denuncia de las organizaciones ahora toma forma y fuerza institucional con la recomendación de la CNDH que acredita que, en el caso de Karla Romero Tezmol, sucedió lo que efectivamente denunciaron familiares y organizaciones: funcionarios públicos que alientan la impunidad, la revictimización y obstaculizan los derechos y la justicia.

 

La recomendación Novena señala que el gobierno del estado debe ordenar "a quien corresponda para que en un plazo no mayor a tres meses se revisen las actas circunstanciadas que se hayan radicado con motivo de denuncias por desaparición de personas, en específico de niñas, niños y adolescentes, a efecto de realizar su análisis para determinar, en su caso, si deben deberán elevarse al rango de averiguación previa y/o carpeta de investigación con base en los indicios que se tengan, atendiendo a los criterios señalados en la presente Recomendación, realizando a la brevedad las diligencias necesarias para su correcta integración, debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento."

    

En ese sentido, las autoridades locales tienen la oportunidad y la mira de la opinión pública y las organizaciones civiles para corregir el rumbo y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia y la verdad; además de modificar los vicios, la impunidad y las fallas voluntarias al interior de la PGJE que han construido y naturalizado la violencia y la injustica. 

Las autoridades deben mirar que la desaparición se trata de proyectos de vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes, de libertades destrozadas, de obstáculos al pleno desarrollo, al futuro y a vivir con dignidad que los gobiernos deben garantizar.