Ayer el Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó reformas al Código Civil para garantizar el derecho de las personas trans y LGBTI al cambio de nombre y sexo en las actas de nacimiento. 

Esto ubica a la entidad junto a Ciudad de México, Nayarit, Colima, Michoacán, Coahuila, Hidalgo y Oaxaca como garantes de derechos humanos al legislar a favor de un grupo social que legítimamente exigió las modificaciones legales para acceder a los derechos que todos gozamos: a la identidad, a sentirnos plenos con el reconocimiento no solo personal sino legal de las orientaciones sexuales, sin discriminación y sin la intervención de otros por prejuicios morales o religiosos. 

Lo anterior es favorable porque el reconocimiento legal contribuirá a modificar ese cúmulo de ideas y prejuicios anquilosados en el maniqueísmo que llevan a la discriminación. 

Los “argumentos” del diputado José Luis Garrido Cruz del Partido Encuentro Social (PES) en el Pleno Legislativo contra estas reformas, evidencian que no existen argumentos sustancialmente legales o científicos (únicos que cabrían en la naturaleza legislativa de los Estados modernos) que nos obliguen a replantear o rechazar el cambio de identidad de género en las actas de nacimiento. 

“Tlaxcala no está preparado para hablar de esos temas”; ¿y eso quién lo determina? “Debemos esperar a que el Congreso de la Unión apruebe y expida los nuevos códigos civil y familiar”, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es obligación de los Congresos locales legislar para garantizar los derechos ciudadanos y humanos de las personas trans con el cambio de las actas de nacimiento. 

El tema también detonó comentarios negativos en las redes sociales; pero tampoco ahí se ven argumentos, sino sentencias agresivas y expresiones basadas en la heteronormatividad y la homofobia. 

Habría que decir -para ser justos- que dentro de la Iglesia y de las religiones existen grupos que sí apoyan el matrimonio igualitario y sí discuten o apoyan el aborto, basta mencionar a la organización Católicas por el derecho a decidir. 

Sea como sea, las mujeres y las personas LGTTTI+ han logrado criticar y desmontar los sistemas ortodoxos y naturalizados de la dicotomía del género, del patriarcado y el ejercicio del poder sobre la diversidad, la libre autodeterminación y el cuerpo.

Desde la antigüedad el cuerpo ha sido considerado prisión del alma vinculada a un Dios moral (sea el nombre que quiera dársele), por lo tanto suprimir las expresiones y necesidades del cuerpo implica la beatitud bajo la creencia de que es la única vía con el "origen"; lo contrario es pecaminosidad y rechazo que proviene de una culpa antigua, moral y dogmática. 

Liberar el cuerpo de las taras implica reconocer plenamente lo que cada uno y una es, quiere ser, desea o vive; nadie tiene derecho a intervenir en la búsqueda y desarrollo de la personalidad.