Al cumplirse dos años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa el balance de las cosas es poco alentador en términos de justicia social, pero define claramente la postura no solo de un gobierno, sino del estado real de las cosas: la crisis de los partidos políticos, la infección de los poderes fácticos y las raíces del sistema neoliberal que no dan tregua a los pobres ni a los desalineados.
A dos años, el gobierno federal ha dicho que hay más de 130 detenidos, más de 4 procesos periciales en el basurero de Cocula, más de una docena de puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión, la creación de comisiones especiales y el despido de funcionarios desde Guerrero hasta el gobierno federal, pese a esto, no hay explicaciones claras aún.
El recuento de los hechos desde el 26 de septiembre de 2014 forma una larga lista de omisiones, errores y montajes periciales; silencio y negación institucional.
La definición jurídica de Crimen de Estado (informal, porque no forma parte de las concepciones legales del derecho nacional, pero sí de una visión internacional como hechos ilícitos que comete el Estado), cumple con 4 características según el análisis de Santiago Martínez Escamilla (Animal Político, 2014): a. Privación arbitraria de la vida; b. Detención arbitraria; c. Desaparición forzada y d. El actuar omiso de las autoridades.
La relación entre los hechos de Cocula y el actuar de las instituciones de seguridad federales abarcan, desde la comisión de los delitos por un grupo de policías municipales, la omisión de rangos mayores de seguridad nacional como la policía federal y el ejército y, a la postre, la falta de certeza jurídica para las víctimas orquestada desde el gobierno federal.
Desde los actos hasta la impartición de justicia sugieren errores sistemáticos o, mejor dicho, impunidad sistemática.
La definición más amplia de Crimen de Estado se refiere a aquellas acciones de la autoridad para provocar miedo en la población y establecer un régimen autoritario.
Tanto el informe de la Montaña Tlachinollan, como el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, refieren en sus apartados introductorios que el ataque contra los normalistas es solo una parte de la represión (con actores que se turnan: gobierno estatal, municipal, federal, empresarios, narcotráfico, crimen organizado) contra un modo de pensar desde la periferia y también contra un modo de resistir.
Enrique Peña Nieto ha negado que la desaparición de los normalistas sea un Crimen de Estado y se ha negado rotundamente, con el ejército a sus espaldas, a explicar rotundamente lo que ocurrió la noche del 26 y a presentar con vida a los 43.
