Justo cuando la distancia nos había acostumbrado al olvido colectivo de la tragedia, la mañana de ayer un sismo de 5.8 de intensidad nos llevó a repensar lo que ha sucedido y lo que está pendiente a casi 10 meses del evento. En lo político, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa por 197 millones de pesos contra Morena por haber creado un fideicomiso para los damnificados del sismo, pero que fue utilizado por el partido para meter y sacar dinero y dirigirlo a campañas. Eso es lo que argumenta de manera sutil el INE y lo que se ha reproducido con diferentes matices e inclinaciones en la prensa y columnas de opinión. En ese sentido, los argumentos en redes ahora se dividen: unos llaman a aclarar lo dicho y otros en empañar el triunfo de la izquierda partidista, justo en el contexto en el que Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a suprimir las pensiones para presidentes y reducir los salarios de la alta burocracia, así como el escándalo del aumento de salarios que autorizó la SHCP. En lo social, el balance sobre las obras y apoyos a los damnificados ha sido negativo, con denuncias de personas que aun viven en casas de campaña en Jolutla, ciudadanos de la Ciudad de México que no han recibido la atención de las autoridades y obras de restauración, como sucede en el caso de Tlaxcala, de escuelas y edificios históricos atrasadas o detenidas. Con todo esto, en pleno huracán de señalamientos y el difícil proceso de transición entre un gobierno de derecha por otro de izquierda, veremos cómo se van ajustando las piezas. Al margen de discusiones maniqueas, es pertinente que todos los actor es políticos coloquen en el centro de las decisiones a los damnificados, garanticen un proceso de transición transparente y pacífico y que el instituto electoral aclare públkcamente el que podría ser el primer caso de corrupción de un gobierno electo que hizo suya la esperanza, pero que ahora está bajo la mira de la opinión pública y las instituciones aún de naturaleza derechista.